Santo Rosatti (izq.), Juan Pablo Fernández, Mariano D’Amore y Julio Conte-Grand, en la reunión de Colón 332. / Fotos: Prensa Procuración General del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires
“Necesitamos un cambio cultural en el abordaje de la justicia respecto de los delitos en el ámbito rural. Es fundamental que el productor se comprometa a realizar las denuncias y a entender su importancia, no solo para el procedimiento, sino para la robustez de la investigación”.
Para Mariano D’Amore, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca (AGA), el balance de la reunión realizada este jueves 2 en la sede de la entidad de Avda. Colón 332 resultó por demás positiva.
Julio Marcelo Conte-Grand, Procurador General del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.
De la convocatoria participaron también el Procurador General del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Marcelo Conte-Grand; el Fiscal General de Bahía Blanca, Dr. Juan Pablo Fernández y el Abog. Santo Alberto Rosatti, prosecretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), quien además es coordinador de la Comisión de Seguridad de la entidad gremial.
Además, asistieron varios delegados de las sociedades y asociaciones rurales de Zona VII de Carbap.
El saludo tras la firma del convenio entre Santo Rosatti (izq.) y Julio Conte-Grand.
El contexto de la reunión fue la firma de un convenio de colaboración entre la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio Público bonaerense, y Carbap, con el objetivo de mejorar el funcionamiento y el tratamiento de los delitos vinculados al ámbito rural.
—Presidente D'Amore, ¿qué otros temas concretos se trataron más allá de la firma del acuerdo?
—Al principio, el fiscal general Juan Pablo Fernández describió algunos mecanismos y las ventajas del funcionamiento que tenemos en la fiscalía temática de Bahía Blanca. Señaló que aquí el abordaje de los delitos del ámbito rural tiene una mayor fluidez respecto de la que existía antes.
Dr. Juan Pablo Fernández, fiscal general del departamento de Bahía Blanca.
“Además, el Procurador General Conte-Grand puso énfasis en la importancia de lograr las pruebas y las denuncias. Hoy en día, existen muchos mecanismos tecnológicos que facilitan este proceso.
Santo M. Rosatti, prosecretario y coordinador de la Comisión de Seguridad de Carbap.
“Por ejemplo, ya no es necesario trasladarse para hacer una denuncia, sino que se puede hacer por WhatsApp o mediante una videollamada. Esto reduce los costos de traslado y, además, antes era algo engorroso. Incluso, hoy hasta una foto puede utilizarse como prueba”.
—¿Hubo algún compromiso específico de las rurales?
—Sí, los delegados se llevaron el mensaje para que sea trasladado a los miembros de sus comisiones y a todos los socios, a fin de aprovechar el funcionamiento de la fiscalía.
Braian Robert (izq.), secretario y Cristóbal Doiny Cabré, vicepresidente de la Asociación de Ganaderos.
“También es importante que algunos representantes de las rurales, que todavía dependen de fiscalías regionales que no funcionan bien, pudieran tener contacto con el Procurador General, ya que tomó nota de la situación y buscará mejorar el funcionamiento donde haya deficiencias. Esto fue muy provechoso.
Mariano Moro (centro), vicepresidente de Sociedad Rural de Carhué, también estuvo en la convocatoria.
“Está claro de que esto se da en un marco donde aún falta aceitar el funcionamiento entre la Policía y la Justicia, ya que las investigaciones son lentas y no siempre se logran objetivos que contribuyan a reducir el delito”.
—¿Cuál es el balance a futuro?
—Me quedo con el buen funcionamiento que tienen los fiscales en la temática de los delitos rurales, tal como funciona en Bahía Blanca, y la necesidad de que esto se articule mejor en toda la provincia.
“Además, es positivo el vínculo que se está generando por el hecho de que se acerquen al terreno desde la Procuración General y nos transmitan las herramientas tecnológicas disponibles que acortan el traslado y el vínculo con el área de la justicia. La realidad es que existe mucho desconocimiento del lado del productor”.
Jorge M. Grimberg, extitular de la AGA y del IPCVA, también participó de la reunión.
—¿Cuáles son los próximos pasos para una mayor concientización y comunicación hacia los productores?
—El primero es transmitir las herramientas que están disponibles. Luego, insisto, concientizar sobre la importancia de hacer la denuncia que ahora es mucho más sencilla que antes.
“Está demostrado que donde este mecanismo funciona, el delito ha bajado considerablemente y se han podido desarticular bandas que hacían destrozos en varios lugares”.