La provincia de Córdoba se ha consolidado como la pionera en el país al implementar un seguro multirriesgo agrícola —a escala territorial— diseñado para hacer frente a eventos climáticos extremos. La experiencia piloto representa un punto de inflexión en la gestión del riesgo agropecuario nacional, al introducir un modelo que combina la decisión política con el respaldo del sector asegurador.
El programa es impulsado por el Ministerio de Bioagroindustria de la provincia, en coordinación con la Asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA), y cuenta con la participación de compañías como La Segunda Seguros en el esquema de coaseguro.
La iniciativa tiene un alcance masivo, cubriendo hasta 500.000 hectáreas de soja y maíz.
“El valor de este programa está en que es la primera vez que se implementa un seguro de este volumen en la Argentina”, resalta Carlos Comas, gerente de Riesgos Agropecuarios de La Segunda Seguros.
Según el directivo, se trata de una herramienta estratégica que no interfiere con los seguros tradicionales de granizo o incendio, sino que funciona como una cobertura de tipo catastrófico complementaria.
Lo que distingue a este plan de otros antecedentes en provincias como Mendoza, Corrientes o Chaco es su magnitud. Mientras que los proyectos anteriores se desarrollaron a escalas acotadas, el plan de Córdoba multiplica por diez el volumen de hectáreas alcanzadas.
“Estamos hablando de una experiencia inédita, con una escala que supera ampliamente antecedentes previos y que demuestra que este tipo de esquemas son posibles cuando hay decisión política, información confiable y articulación con el sector asegurador”, explica Comas.
Lo disruptivo de Córdoba es justamente el volumen y el rol activo del Estado provincial, que asume la contratación de la cobertura.
A diferencia de los productos comerciales masivos actuales, este seguro incorpora riesgos sistémicos como la sequía y la inundación, además de granizo, viento y heladas. La cobertura se activa automáticamente cuando el rendimiento final del cultivo cae por debajo de un umbral determinado para cada zona, garantizando así un piso productivo para el agricultor.
El acceso al programa está vinculado directamente a la sustentabilidad: es exclusivo para productores adheridos al esquema de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs).
En esta fase piloto, la provincia financia el 100 % del costo de la cobertura, lo que la hace gratuita para los más de 800 productores ya inscriptos.
La viabilidad de este sistema se apoya en la robusta infraestructura de datos de Córdoba, que incluye monitoreo satelital y polígonos georreferenciados. Este respaldo técnico, sumado al apoyo de reaseguradoras internacionales, otorga previsibilidad y sostenibilidad al proyecto.
De cara al futuro, las expectativas son altas. Comas concluye señalando que el éxito de esta prueba podría transformar la política agropecuaria del país: “El objetivo es que esta experiencia funcione como antecedente y pueda ser replicada en otras provincias o a nivel nacional donde la producción agrícola es un pilar de la economía”.
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