CEEA: Pedido a la Corte Suprema en defensa de la producción nacional

   La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), formada por la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad de la Ley VIII-103 de la provincia de Misiones, por la cual se prohíbe el uso de glifosato en todo el territorio provincial.

   Desde la CEEA se asegura que la venta y uso del glifosato se encuentra autorizada en todo el país por las autoridades nacionales competentes. Y que por eso la ley provincial que prohíbe su uso viola diversas normas federales que regulan la materia desde hace más de 50 años, entre otras: el Régimen de Sanidad Vegetal (Decreto/Ley 3489/58); el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal (Decreto 5769/59) y la Ley de Declaración de Interés Nacional de la Sanidad de los Vegetales y Animales (Ley 27.233), así como las distintas reglamentaciones emitidas por las autoridades nacionales a lo largo de más de cuatro décadas.

   Esta violación de la normativa nacional por parte de la provincia de Misiones afecta el principio de supremacía del derecho federal (art. 31 CN), desconoce las competencias del Congreso de la Nación para regular el comercio interprovincial (art. 75 inc. 13 CN) y disponer todo lo conducente a la prosperidad y desarrollo del país; por ejemplo, la regulación nacional de productos esenciales para la producción agrícola (art. 75 incs. 18, 19 y 32 CN). Este proceder, a su vez, viola el derecho de propiedad y las libertades de comercio e industria de los productores rurales (arts. 14, 17, 42 y otros CN).

   “Más allá de la existencia abrumadora de pruebas sobre la seguridad que presenta el uso del glifosato, el conflicto que debe resolver la Corte Suprema no es un problema científico sobre las características de este producto, sino estrictamente jurídico. La República Argentina es un sistema federal en el cual las provincias no pueden entorpecer el comercio interprovincial o internacional, ni interferir o alzarse contra políticas generales adoptadas por el Congreso en pos del desarrollo integral de la Nación”, se argumentó.

   “Como bien lo sostiene desde siempre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Constitución ha querido hacer un solo país para un solo pueblo y no habría Nación si cada Provincia se condujera económicamente como una potencia independiente”, se agregó.

“Misiones impide, en forma absoluta, el uso de un producto autorizado para su venta y comercialización por el Estado Nacional”.

   “A través de esta acción judicial se procura evitar graves e irreparables perjuicios para los productores agrícolas, para la economía nacional y para el medio ambiente. El glifosato posibilita técnicas de producción que preservan el recurso suelo, combatiendo así la erosión, una mayor economía del agua, y menor uso de combustibles fósiles”, se concluyó.

   En la actualidad existen más de 160 países que habilitan el uso de glifosato por considerarlo un producto de baja toxicidad y no cancerígeno.

   De acuerdo con el informe publicado en el año 2016 por la Reunión Conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR, por sus siglas en inglés), el glifosato, además no es cancerígeno, no provoca daños ni cambios en el material genético, no afecta al sistema nervioso, no provoca malformaciones y tampoco tiene efectos sobre órganos específicos tanto en exposición única o en exposición repetida.

Fuente: Prensa CRA