La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de ley que busca incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal, imponiendo sanciones de hasta 10 años de cárcel por la intrusión en campos y ataques al sistema de producción agropecuaria.
La iniciativa obtuvo la media sanción tras registrar 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención, correspondiente al diputado de Unión por la Patria, Luis Basterra.
Durante el tratamiento del texto, el dictamen de mayoría incorporó modificaciones consensuadas entre el autor de la propuesta, Martín Ardohain, y el legislador massista Ramiro Gutiérrez, lo que motivó el acompañamiento en general de una decena de legisladores.
El proyecto recibió el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Coherencia, y Producción y Trabajo.

Por su parte, la iniciativa fue rechazada por la mayoría de los diputados de Unión por la Patria (UxP), la Izquierda e Independencia.
El marco normativo aprobado establece diferentes escalas penales según el tipo y gravedad de la infracción:
—Intrusión en establecimientos rurales: se reprimirá con prisión de un mes a un año a quien ingrese a un establecimiento rural o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de exclusión.
—Agravante por impacto productivo o riesgos: la pena máxima ascenderá a 2 años de cárcel cuando el ingreso obstaculice sustancialmente la actividad productiva, o ponga en peligro concreto la vida e integridad física de las personas, o la sanidad de animales y cultivos (siempre que no constituya un delito más grave).
—Destrucción de silobolsas y productos agrícolas: quien destruya silobolsas o cualquier producto del proceso productivo agropecuario recibirá una pena de 2 a 8 años de prisión, además de una multa de 3 a 12 veces el valor del daño causado.
—Pena máxima (hasta 10 años): la sanción se elevará a 10 años de prisión cuando el delito sea cometido de manera coordinada por tres o más personas, y provoque la pérdida total de la producción en curso o impida la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización.